Nota Pública sobre el Nuevo Código de Sistema Penal de Bolivia

La Federación Inter Americana de Juristas Cristianos (FIAJC) y la Asociación Boliviana de Juristas Cristianos (ABOJUC) emiten la presente Nota Pública sobre las disposiciones del Nuevo Código de Sistema Penal de Bolivia, promulgado el 15 de diciembre y que entrará en vigencia en 18 meses, que tratan de incorporación de grupos religiosos en la tipificación del delito de trata de personas.

  1. Resumen de los sucesos

Dentro de la intervención del gobierno de turno se acordó crear un nuevo código de materia penal, sustentado en que el actual código Penal tiene más de treinta años en vigencia, creada en la época de las dictaduras fuera de la realidad nacional, abrazando la ardua tarea de la elaboración de un nuevo código, un nuevo sistema con su procedimiento.

Después de elaborada el proyecto de ley y finalmente concluida, fue presentada conforme a la legislación Boliviana a las dos cámaras, la cámara de diputados y la cámara de senadores, donde la revisión de cada artículo de la ley está sujeta a votación, siendo revisada, debatida y aprobada por la mayoría de votos, elevada al presidente del estado Boliviano como última instancia, el 15 de diciembre del año 2017 fue finalmente promulgado el nuevo código de sistema penal Boliviano, entrando tácitamente al periodo de adecuación ejecutorial.

La oposición al gobierno de turno afirma que este proyecto de ley fue construido en silencio con una diligencia exorbitante y una rapidez impresionante, debido a los intereses del gobierno en vista de las futuras elecciones presidenciales, engranando perfectamente con el tiempo de adecuación que consta de 18 meses después de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Boliviano.

Inmediatamente promulgado el nuevo código de Sistema penal boliviano se levantaron en protesta diferentes sectores de la población, que de una u otra manera sienten vulnerados sus derechos con las sanciones establecidas en algunos de los 681 artículos del nuevo Código del Sistema Penal.

  1. Protección Internacional de la Libertad de Religión o Creencia

La libertad de religión o creencia es un derecho humano protegido por los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, a nivel global (Sistema ONU) regional (Sistemas Europeo, Interamericano y africano).

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que ha sido interpretada como fuente de obligaciones de derecho internacional para los Estados miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA)[1], dentro los cuales está Bolivia, contiene una importante disposición en su artículo III:

Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado.

La Convención Americana de Derechos Humanos, el documento de derechos humanos más importante del hemisferio, ratificada por Bolivia en 06/20/1979 se refiere a la libertad religiosa en su artículo 12:

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
  2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
  3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.
  4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Los sujetos obligados son tanto los particulares como el Estado. Sin embargo, este último tiene una función especial ya que, según las disposiciones generales de la Convención, debe adoptar las actuaciones necesarias para garantizar su libre y pleno ejercicio (artículo 1.1). Estas actuaciones incluyen las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para la efectividad de los derechos (artículo 2). Esto implica a los gobiernos no sólo un deber negativo de abstenerse de violar el derecho en cuestión, sino también un deber positivo de adoptar las medidas necesarias y razonables, según las circunstancias, para garantizar su goce efectivo. Así, una violación de la libertad religiosa cometida directamente por el Estado podrá acarrear su responsabilidad internacional [2].

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Fuente: Federación Inter Americana de Juristas Cristianos

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Martha Claros

Directora del Área de Comunicación - COMIBAM Internacional

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